En la práctica del Derecho de Familia, uno de los mitos más extendidos es creer que la falta de un empleo registrado exime al progenitor de su obligación alimentaria. La jurisprudencia argentina es determinante: el deber de proveer recursos a los hijos nace del vínculo parental y no de la tenencia de un recibo de sueldo. Cuando no existe un ingreso en blanco, la justicia se enfoca en el nivel de vida y la capacidad potencial del obligado para determinar una cuota justa.
La Prueba de la Capacidad Económica
Para asegurar el cumplimiento del derecho del menor, nuestro equipo jurídico despliega una estrategia basada en indicios de consumo y patrimonio. Es posible demostrar la solvencia de un progenitor mediante el análisis de sus consumos en tarjetas, movimientos en billeteras virtuales, la titularidad de vehículos o inmuebles, e incluso a través de signos exteriores de riqueza que puedan verificarse en redes sociales o testimonios de su entorno cercano.
Incluso en situaciones donde el progenitor se encuentre efectivamente desempleado, la ley presume que posee una capacidad laboral mínima que debe ser puesta al servicio de las necesidades de sus hijos. En estos casos, la justicia suele fijar la cuota tomando como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil, asegurando que el derecho a la alimentación, salud y educación del niño nunca quede desprotegido.
Proteja el futuro de sus hijos hoy mismo
No permita que la informalidad laboral sea un obstáculo para el bienestar de los menores. Contamos con las herramientas procesales para regularizar su situación.
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